“En la segunda sesión
ordinaria, los concejales del PRO, el Frente Comunal, Frente para la Victoria y
el radical Ariel Marchiolo decidieron cambiar el horario de los encuentros
legislativos que desde diciembre de 2011 se realizaban a las 17.30 horas, en una
decisión en su momento unánime y con el objetivo de facilitar la presencia de
los vecinos, adoptando a partir de la sesión del próximo 16 de mayo el horario
de las 9.30 horas. Votaron por la negativa el FAP, Carlos Arena y Gustavo De
Benedetti.
El fundamento expresado
por los concejales indicados se basó en primer lugar atribuyéndole la
responsabilidad a los vecinos, y con argumentos falaces relacionados con el
personal y con lo ocurrido en las sesiones del 20 de diciembre de 2011 y del
pasado 18 de abril, donde los vecinos protestaron por la falta de soluciones a
los inundados que no incluyeron en los subsidios y eximiciones de ABL otorgados
a algunas zonas.
En el debate planteamos
nuestro rechazo a la propuesta porque demuestra la limitación que se impone a
la participación vecinal, más allá de los dichos del intendente, y que se
sostiene por la decisión del bloque oficialista de trabar en las comisiones los
proyectos de los mecanismos de democracia semidirecta (audiencias públicas,
presupuesto participativo, consulta popular y banca del pueblo, entre otros) y
por la falta de cumplimiento de la realización de las sesiones del Concejo en
los barrios.
Asimismo denunció que
la misma actitud se tomó el 4 de julio de 2002 ante la protesta de los vecinos,
indicando que ese día y en la última sesión de abril el presidente del Cuerpo
cerró las puertas para impedir el ingreso a los vecinos y así poder expresar su
rechazo a las decisiones de la mayoría.
Además, se aprobaron
los proyectos del FAP pidiendo informes sobre la red de desagües pluviales,
documentación sobre el estado de los mismos, si existen conexiones clandestinas
entre los desagües y la red cloacal y qué medidas se adoptaron al respecto.
También se aprobó un
pedido de informes ante la inminencia del vencimiento del contrato por la
recolección de residuos con la empresa Transportes Olivos sobre la posible
prórroga y la elaboración del pliego de una nueva licitación, y otro pedido de
informes sobre el funcionamiento del predio de Avenida Maipú 75, donde funciona
como Estación Terminal que genera numerosos reclamos de los vecinos.
Por otra parte, el PRO
y algunos de sus aliados no permitieron que se aprobara un pedido de informes
sobre la concesión de las 7 hectáreas públicas al empresario Carlos De Narváez
en relación al cumplimiento de las obras prometidas y la actualización prevista
en el contrato firmado en el año 2009 en función a la variación desde ese año
del tributo de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública”.